Santa Fe y Nación vinculan el ataque en San Cristóbal a comunidades digitales violentas

Pullaro y Monteoliva brindan una conferencia de prensa sobre el ataque en San Cristóbal y su vínculo con comunidades digitales violentas.

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, afirmaron que el hecho no estuvo ligado al bullying ni a un trastorno individual. En el país ya se detectaron 15 casos similares y otros cuatro están bajo investigación.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informaron que el ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes, está vinculado a comunidades digitales que promueven la violencia. La información fue presentada en una conferencia en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, con participación de autoridades provinciales y federales.

Ambos funcionarios señalaron que el caso no responde a situaciones de bullying ni a un problema individual de salud mental, sino a la influencia de grupos virtuales internacionales que difunden contenidos violentos y, en algunos casos, incentivan su imitación. En ese marco, destacaron el trabajo conjunto entre fuerzas provinciales, federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal.

Pullaro explicó que el agresor participaba en una red conocida como TCC (True Crime Community), donde se comparten contenidos sobre crímenes y se glorifican hechos violentos. Sostuvo que se trata de un fenómeno nuevo que obliga al Estado a generar herramientas de prevención. También valoró la respuesta de la comunidad educativa y el regreso progresivo a las clases.

Por su parte, Monteoliva indicó que en Argentina ya se detectaron 15 casos vinculados a este tipo de comunidades y que otros cuatro están siendo investigados. Señaló que es clave visibilizar el problema para que familias, escuelas y educadores puedan actuar de manera preventiva.

La investigación incluyó análisis de redes sociales, peritajes digitales y allanamientos. A partir del estudio del teléfono del agresor, se identificó la conexión con otro menor, lo que permitió avanzar en nuevas medidas judiciales.

Desde las áreas de investigación explicaron que estas comunidades son transnacionales y funcionan en plataformas cerradas, donde adolescentes comparten contenidos sobre ataques y, en algunos casos, planifican acciones violentas. También advirtieron sobre la relación con otros grupos digitales considerados de riesgo.

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