El senador por San Cristóbal pidió informes al Ejecutivo por obras con más del 50% de avance que no se reactivan. Denunció posible discrecionalidad en la asignación de recursos y reclamó transparencia.

El senador provincial y presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, cuestionó al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por la paralización de 54 viviendas en San Cristóbal que presentan más del 50% de avance, y elevó un pedido de informes al Ejecutivo para exigir precisiones sobre los criterios de asignación de obras.

Durante la última sesión del Senado, Michlig planteó que las viviendas están en condiciones de reactivarse de inmediato y advirtió sobre posibles decisiones “discrecionales, poco transparentes e injustas” en la distribución de recursos, en el marco de convenios para retomar obras que habían sido frenadas a nivel nacional.

“Defendemos el sueño de la casa propia de las familias sancristobalenses que hace años esperan su concreción”, sostuvo el legislador, quien además remarcó que estas prácticas “no se condicen con lo que se propuso a los santafesinos en la última campaña electoral”.

El reclamo también fue acompañado por vecinos de San Cristóbal, que expresaron su malestar y comenzaron a reunir firmas para exigir criterios claros y transparentes en la asignación de obras. Señalan que hay proyectos que habrían sido priorizados en otras zonas, lo que genera sospechas de favoritismo.

El pedido de informes, aprobado por unanimidad, solicita detalles sobre el cronograma de inversiones y los criterios utilizados por el Ministerio de Obras Públicas. La votación incluyó incluso el respaldo de la senadora Leticia Di Gregorio, lo que amplificó el impacto político del planteo.

En paralelo, el conflicto reavivó el debate por la situación institucional de Enrico, quien mantiene su banca legislativa mientras ejerce como ministro, lo que abrió cuestionamientos sobre la legalidad y ética del doble cargo.

Desde el Gobierno provincial, la vocera Virginia Coudannes indicó que el informe deberá responderse con claridad, mientras que el ministro cuestionó públicamente a quienes impulsaron el pedido.

El caso expone tensiones internas dentro del oficialismo y pone el foco en la necesidad de mayor transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente ante la situación de decenas de familias que aún esperan la finalización de sus viviendas.